La mayor parte de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención por imperativo legal de profesionales especializados, entre ellos, los peritos, abogados y procuradores. La labor de estos profesionales implica un coste económico inasumible para los ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios.
En esta entrada analizaremos los informes periciales de justicia gratuita en la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Especialmente nos centraremos en los honorarios y sus plazos de cobro, del todo insuficientes e injustos para este tipo de dictámenes periciales topográficos, en ocasiones muy complejos, que en la inmensa mayoría de los casos no cubren ni los gastos que se derivan de la realización de los mismos.
